Mediante resolución administrativa
144-2017-P-CSJU/PJ, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali,
Moisés Arce Córdova dio por concluida la designación de Julia Francisca Orozco
Flores como juez supernumerario del Tercer Juzgado de Investigación
Preparatoria (JIP) por ‘razones de gestión’.Esta resolución fi rmada con fecha
21 de marzo de 2017 no amplía más acerca de los motivos de la decisión de la
máxima autoridad judicial de la región Ucayali; pero, desde el Diario Ímpetu
presentaremos las decisiones más cuestionadas de la hoy exjueza del tercer
JIP.
La más ruidosa de todas sus decisiones fue el cese de prisión preventiva
contra Loiber Rocha Pinedo, alcalde de Curimaná, así como ordenar el
levantamiento de la Orden de Captura que pesaba sobre el burgomaestre desde el
pasado 15 de marzo cuando fue incluido en la lista de los más buscados,
ofreciendo una recompensa de 25 mil soles por información que lleve a su
captura.Esta no fue la única de las decisiones polémicas de la exjuez en el
caso Loiber Rocha ya que fue Julia Orozco quien declaró improcedente que la
Fiscalía Anticorrupción incluya dentro de los delitos por los que se busca
enjuiciar al alcalde de Curimaná, el delito de Negociación Incompatible.
Aún
falta más.
Fue precisamente ella quien dejó sin efecto la orden de ubicación y
conducción compulsiva del imputado “por haberlo así dispuesto mi despacho”
según el oficio 1970-2016-99/2017-3JIPP-CP-CSJU/PJ de Reynaldo Guerra Aspajo
de 34 años conocido con el alias de ‘El Gran Jefe’ quien se encontraba
incluido en la lista de los más buscados y por quien se pedía 15 mil soles.
Gracias a la resolución de la juez emitida solo cinco días antes de la captura
de ‘El Gran Jefe’, la detención del mismo duró 15 minutos.
La juez señaló que
se tratada de una disposición fiscal que lo inhibió del proceso y que ella
actuó de acuerdo a ley. Aquí no termina todo, aún hay más.Fue precisamente esta
juez quien negó la prisión preventiva del contador público colegiado Julio
Walter Vásquez Alva y de sus asistentes Roxana Flores Macedo y Carlos Rafael
Rojas Murayari, detenidos por delito de lavado de activos y crimen organizado
en un operativo conjunto de la SUNAT y tres fiscalías de la región por un
presunto caso que involucraría nada más y nada menos que 36 millones de
soles.
Todo esto a pesar de decenas de costales con información que se
encontraban en evaluación; pero de los que la SUNAT se pronunció al respecto e
incongruencias como que los asistentes con sueldos de entre 400 y 850 soles
formaron siete empresas con 20 mil soles de capital inicial cada una. Una
resolución drástica luego de una polémica decisión. La pregunta que queda en el
aire es ¿Se va a realizar algún tipo de auditoría en las sentencias emitidas
por la polémica juez? Julia Orozco fue designada el 2 de enero de este año y su
estadía en el tercer JIP fue de 78 días llenos de polémicas decisiones.
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