Estudios de la propia
universidad demuestran que el mes de febrero la inundación podría llegar hasta
el auditorio
Un estudio realizado por los
profesionales técnicos de la Universidad Nacional de Ucayali (UNU), reveló que
producto de las lluvias intensas, para el mes de febrero, las inundaciones
serían mayores a las últimas vividas semanas atrás, y que incluso éstas podrían
llegar a apoderarse del auditorio de la casa superior de estudios, lo que
generaría un pérdida importante.
Según explicó la directora
de la Oficina General de Infraestructura UNU, Ing. Lady Saldaña Luna, los
trabajos de ampliación de la Carretera Federico Basadre han perjudicado en
grandes dimensiones a la casa superior de estudios, ya que dicha ampliación estaría
80 centímetros más alto del nivel de la ciudad universitaria.
“Si bien es cierto estamos
en la carretera, pero el expediente técnico elaborado por Provías debió tener
en cuenta a la universidad, y los daños que podían generar, ya que vivimos en
una ciudad donde las lluvias intensas son comunes y se extienden por varias
horas”, expresó Saldaña Luna.
Dijo que con antelación
pusieron la situación de conocimiento a la empresa supervisora y a Provías
Nacional en el mes de octubre del 2016, teniendo respuesta recién a fines de
noviembre, sin embargo paralelo a ello también enviaron una carta notarial a
Provías la cual recién fue respondida el 10 de enero del 2017.
“El argumento que
manifiestan es que el canal que existía en el frontis de la universidad, que ya
fue demolido, todo el tiempo paró estancado, sin embargo ese canal era de 1.50
metros por 1 metro, sin embargo el proyecto que están ejecutando es sólo de 80
por 60 centímetros, aduciendo que hicieron el diseño para que capte sólo el
agua de la calzada, sin en cuenta el tipo de ciudad donde se está cimentando el
proyecto, el estudio de impacto ambiental debió alertarles sobre este tema”.
Por su parte, el arquitecto
Ricardo Mejía Sifuentes, administrador de la UNU, en su condición de arquitecto
y conocedor de obras en la administración pública, dijo que si hay fallas en un
expediente técnico no alertado con antelación, durante la ejecución de la obra
esto debe corregirse.
“Tenemos conocimiento que
hay adicionales que han sobrepasado el 15%, y han sido aprobados por la
Contraloría, éstas son las cosas que prevé la Ley de Contrataciones del Estado,
aquellas situaciones no previstas o que se obviaron en un estudio, esto obliga
a que Provías Nacional a través del contratista y la supervisión busquen una
solución, la misma que como informó la ingeniera Saldaña se ha tratado de
coordinar con antelación sin éxito”, afirmó Mejía Sifuentes.
El problema se complicaría
ya que al parecer nadie querría asumir esta responsabilidad, ya que Provías
Nacional habría pasado el tema a la supervisión y ésta última estaría haciendo
oídos sordos.
“Esto nos obliga a que
tomemos otro tipo de acciones, se ha tomado la decisión de hacer las denuncias
respectivas, porque no vaya a ser que termine la obra y nos dejen el problema,
todos se han dado cuenta con las lluvias intensas que se han dado en la región,
el problema alarmante por el que atraviesa nuestra universidad, es mejor
buscarle una solución con el presupuesto que está gozando Provías Nacional, hay
soluciones técnicas, pero son ellos quienes deben asumir esa responsabilidad”.
Explicó que en la UNU se
tendrían que hacer unas rampas mucho más largas que las que permiten el
reglamento, pero que ese es un gasto que deberá asumir Provías y no la
universidad.
“El problema no lo ha
originado la UNU, lo han originado terceros, y tienen que darle una solución a
este problema, de no hacerlo, tendremos que proceder bajo los mecanismos
legales que ampara el Estado”.
Dejó en claro que no es
interés de la universidad ni de sus autoridades oponerse al desarrollo, haga
quien lo haga, pero ese desarrollo debe ser integral, sin damnificar a nadie,
mucho menos a los más de 5 mil estudiantes en plena formación profesional con
los que cuenta la UNU.
Debe saber:
En las próximas horas la UNU
presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía de Prevención del
Delito, y la de Medio Ambiente.
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