Jueces de Ucayali están investigados por presuntamente haber buscado beneficiar con sus fallos a Rodolfo Orellana y a sus allegados.
Fiscalía de control interno investiga si colocó a jueces que
otorgaron amparos y hábeas corpus a favor del detenido abogado.
Los tentáculos de la red de Rodolfo Orellana habrían llegado
a la lejana y calurosa Corte de Justicia de Ucayali. Allí la organización
obtuvo hábeas corpus y recursos de amparo que anularon investigaciones y
procesos en Lima.
Así, la Fiscalía Suprema de Control Interno abrió, en agosto
del 2014, una investigación al entonces presidente de esa corte, Francisco Boza
Olivari, y a otros cinco jueces de esa jurisdicción por los presuntos delitos
de tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho pasivo.
La investigación ha recogido evidencias que comprometen a los
investigados.
Un grupo de fiscales designados por el titular de la Fiscalía
Suprema de Control Interno, Pedro Chávarry, voló a Ucayali para tomarle declaraciones
a jueces de esa corte. ¿El resultado? Regresaron con las maletas cargadas de
información.
Según fuentes del Ministerio Público, aquella comisión
recogió testimonios que señalan que Boza estaría vinculado a Rodolfo Orellana.
Lo más grave es que, en su condición de presidente de la corte, habría
designado a jueces en tribunales claves con el fin de que resolvieran las
medidas cautelares que Orellana y su red presentaban en la calurosa Ucayali.
Trascendió que los jueces Julio Díaz Herbozo y Julio Barrera
Zavaleta habían indicado que recibieron presiones de Boza para actuar a favor
de conocidos de este. Para contrastar la versión de estos testigos, la Fiscalía
Suprema de Control Interno interrogó a Boza el 31 de marzo en Lima. El
magistrado, quien alguna vez soñó con ser cura, negó todas las imputaciones.
LOS CASOS CUESTIONADOS
Jorge Reátegui Pisco, quien fue colocado por Boza en el
juzgado de Atalaya, declaró fundado un hábeas corpus en diciembre del 2013 que
excluyó a Rodolfo Orellana de una investigación seguida en Lima por la Fiscalía
contra el Crimen Organizado. Otro juez, Wenceslao Portugal, designado en el
Juzgado Mixto de Campoverde por Boza, ordenó devolver un cargamento de oro de
US$10 millones inmovilizado por la Sunat.
El oro estaba relacionado a Pedro Pérez, ‘Peter Ferrari’,
preso en los años 90 por lavado de activos vinculado al narcotráfico y hoy
investigado por exportar oro ilegal. Los abogados que ejecutaron en Lima la
orden judicial fueron nada menos que Benedicto
Jiménez y Blanca Paredes, abogados de Rodolfo Orellana.
Fuente: Nacional
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